“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”
Albert Camus (1913-1960)
La FLIP tiene documentados casos que revelan como en los últimos dos años hubo actos de censura contra 6 medios de comunicación y al menos 10 periodistas: amenazas, intimidaciones, obstrucciones y seguimientos ilegales. En todos los casos de ataques contra la prensa existe un nexo claro y directo entre las publicaciones sobre la Comunidad del anillo y las retaliaciones.
Cronología:
Amenazas contra Noticias Uno
El 26 de enero de 2014, un periodista de investigación de Noticias Uno inició una serie de entregas sobre la Comunidad del Anillo. En ese momento, el foco estuvo en las irregularidades alrededor de las circunstancias del suicidio del Alférez Lina Zapata. La investigación planteaba interrogantes sobre si en realidad se había tratado de un suicidio o si alguien de la Escuela de Cadetes la había asesinado.
Aproximadamente 15 días después de la primera publicación, el periodista empezó a recibir amenazas en las que le decían que lo iban a matar. Fueron cinco amenazas a través de diferentes canales: llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos. El periodista tiene actualmente medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.
Obstrucción a Canal Capital
Días después de que Noticias Uno iniciara con las publicaciones sobre la Comunidad del Anillo, Canal Capital se interesó por el tema. Un periodista asistió a una rueda de prensa de la Policía con el fin de preguntarle al General Rodolfo Palomino, entonces Director de la Policía, sobre dicho asunto. Antes de ingresar al recinto, un sargento de apellido Cantillo estaba revisando las preguntas de cada periodista. Cuando vio la de Cruz, le dijo que ese tema no se tocaría en esa rueda de prensa. El uniformado agregó “Si yo fuera ustedes dejaría eso así porque alrededor de ese tema hay gente peligrosa” y no le permitió realizar la pregunta a Palomino. Tampoco le concedió la entrevista solicitada por el periodista. Las directivas del Canal Capital manifestaron su queja de manera formal ante la Policía.
Obstrucción y acoso judicial a Séptimo Día – Canal Caracol
A principios de 2014, el programa Séptimo Día empezó la investigación para publicar un especial sobre la Comunidad del Anillo. Sin embargo, durante la investigación tuvieron varios obstáculos. Los encargados de entregar información en la Fiscalía, Procuraduría y la Policía Nacional evitaron conceder entrevista y cuando se vieron obligados a hacerlo no ofrecieron mayor información.
También recibieron presiones por parte de abogados, representantes de los policías implicados, quienes buscaron persuadir al equipo de producción para que no publicaran la investigación. El canal recibió cartas donde les advertían que si los reporteros no tenían las pruebas suficientes, serían demandados por injuria y calumnia.
Posterior a la publicación del programa, varias de las fuentes consultadas fueron víctimas de amenazas. Incluso, Adiela Gómez, madre de la Alférez que fue encontrada muerta, tuvo que salir del país.
El Espectador
Conscientes de las presiones y peligros que significaba investigar sobre lo que ocurría en la Comunidad del Anillo El Espectador tomó como medida de autoprotección que ningún artículo sobre el tema llevara la firma del autor de la nota.
Por otro lado, la FLIP también conoció que sí existieron presiones que buscaban desincentivar que se continuaran con este tipo de publicaciones pero estas no se hicieron de manera directa a los reporteros.
Seguimientos e interceptaciones contra La FM y Vicky Dávila
El 29 de octubre de 2015, en horas de la mañana, fuentes de varias ciudades del país se comunicaron con la emisora La FM para informar que desde las instalaciones de la Policía Nacional no podían ingresar a las páginas lafm.com.co,rcnmundo.com y caracol.com.co.
El 19 de noviembre, un periodista de La FM fue víctima de un ataque informático. Mientras trabajaba en su computador personal en un texto sobre propiedades inmobiliarias de generales de la Policía Nacional, el reportero notó que alguien tomó control remoto de su computador, eliminó el texto en el que estaba trabajando y guardó el documento en blanco. Para ejecutar un ataque informático como este se requieren recursos importantes, pues sabían exactamente en qué momento y qué documento atacar.
Según la información que recibió Dávila también se habían interceptado las comunicaciones de otros periodistas: Daniel Coronell, María del Rosario Arrázola y Gustavo Gardeazabal.
El 28 de noviembre Vicky Dávila alertó que estaba recibiendo correos anónimos, que proporcionaban información muy concreta, que demostraban que había seguimientos sobre ella, a su actividad periodística y personal desde el año 2014. Le revelaron pruebas de que existían registros de conversaciones telefónicas, reuniones privadas, desplazamientos suyos y de sus familiares, conversaciones de Wathsapp, y asuntos personales que tenían un carácter reservado.
Seguimientos contra Claudia Morales
Al mismo tiempo que Vicky Dávila denunció que existían persecuciones en su contra, la periodista Claudia Morales advirtió que también era víctima de interceptaciones. Claudia Morales recibió un correo en el que se le reprochaba por haberse reunido con el General Palomino, reunión que se había acordado para informarle a Palomino de los anónimos que la periodista había recibido. Además, el anónimo señaló los vehículos desde los cuáles presuntamente se estarían realizando los seguimientos, vehículos que efectivamente pertenecen a la Policía Nacional.
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Por último la FLIP quiere destacar que una cosa es el debate que despierta la publicación del video y otra la relevancia pública de un escándalo de prostitución al interior de la Policía reconocido por el propio Ministro de Defensa. Es importante alentar a periodistas y medios para que este asunto no desaparezca de la agenda noticiosa. De igual forma es necesario exigir garantías para el libre cubrimiento del mismo, el costo de censura ha sido muy alto. La impunidad de estas agresiones tampoco contribuye a mejorar la aproximación periodística al tema.
Sobre la salida de Vicky Dávila de La FM y el caso de ‘La Comunidad del Anillo’
Como es de público conocimiento, el pasado 18 de febrero la periodista Vicky Dávila renunció a la dirección de La FM de RCN después de que divulgara un video íntimo de terceros aparentemente relacionado con un caso de corrupción en la Policía. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –que quiso esperar a que los hechos se decantaran para hacer un análisis sobre lo sucedido– manifiesta lo siguiente:
1. Más allá de la decisión periodística de publicar el video –que generó un debate legítimo y necesario en la opinión pública– no se puede pasar por alto el hecho de que esa noticia hacía parte de una investigación periodística de interés público que tanto La FM como otros medios de comunicación venían adelantando.
2. Por cuenta de esa investigación tanto Vicky Dávila como otros periodistas recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de interceptaciones ilegales. No puede pasarse por alto, entonces, el grado de intimidación y presión en que Dávila y otros periodistas, venían ejerciendo su labor.
3. En ese contexto, resulta cuestionable y paradójico que el presidente Juan Manuel Santos asumiera el rol de ‘periodista’ para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno. En la situación de riesgo que enfrentaba Vicky Dávila, esa declaración tuvo un efecto intimidatorio para ella y los demás periodistas que venían trabajando en esa historia.
4. Más allá de su pasado en el periodismo, el presidente Santos es hoy en día el primer funcionario público de la nación. Como han manifestado la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de ese cargo implica que ninguna de sus declaraciones puede inhibir la actividad periodística, ni mucho menos aumentar la exposición de periodistas que ya están enfrentando un riesgo.
5. La autocensura no puede ser el resultado de este episodio. Le corresponde al gobierno, por una parte, ofrecer las condiciones para que los medios de comunicación continúen ejerciendo su labor y, por la otra, garantizar la integridad de los periodistas involucrados en esta investigación. De la misma forma, les corresponde a las autoridades judiciales –como ya manifestó la FLIP– investigar las intimidaciones y amenazas contra estos periodistas.
Tomado de:
CUADERNOS DE REENCUENTRO 