Archivo diario: 23 julio, 2015

Colombia: Comunicado 014. VEEDURIA DEL ALTO AL FUEGO DE LAS FARC – EP

FA

Habana, 18 de julio 2015.

La presente es la declaración producida luego de la reunión que sostuvieron en la ciudad de La Habana el 18 de julio de 2015 delegados del Frente Amplio por la Paz, representantes de iglesias, integrantes de las Constituyentes por la paz, Red Universitaria por la Paz y de organizaciones locales de víctimas con la Delegación de Paz de las FARC-EP acerca de la veeduría del alto al fuego unilateral anunciado por la guerrilla el 8 de julio de 2015:   Se aproxima el 20 de julio, fecha emblemática para nuestro país que este año estará acompañada con la buena noticia del inicio del sexto alto al fuego unilateral anunciado por las FARC-EP el pasado 8 de julio. Durante los cinco meses del más reciente de ellos, iniciado el 20 de diciembre de 2014, el Frente Amplio por la Paz realizó a través de sus organizaciones y de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y ciudadanas la veeduría al cumplimiento de este compromiso. Esta tarea se recogió en cinco informes que dan cuenta en cifras y aspectos cualitativos de los beneficios de acallar los fusiles y sembrar hechos de paz y convivencia para el país, en particular, para los pobladores que viven en las zonas de mayor incidencia del conflicto armado.   La disminución significativa de muertes y heridas en acciones bélicas, así como el ahorro de recursos económicos durante este período resultaron históricos, y contrastan con el doloroso balance de los momentos de desarrollo e intensificación del conflicto armado. El Frente Amplio pudo constatar que además de evitar la muerte o las lesiones a la integridad de muchos miembros de la Fuerza Pública e integrantes de la guerrilla; la ostensible disminución de la afectación de la infraestructura, así como la suspensión de bombardeos, permitieron a la población civil el ejercicio de sus derechos a la vida, a la integridad y a las garantías sociales.   También dimos cuenta de acciones ofensivas de la Fuerza Pública en las que se evidencia violación a principios del DIH en persona de los insurgentes e igualmente afectaciones a la población civil.   Es claro que la terminación del alto al fuego unilateral de las FARC-EP dejó atrás lo alcanzado, y para tristeza de todas y todos trajo nuevamente dolor y destrucción del territorio.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado consideramos que los tres acuerdos preliminares a los que se ha llegado, las declaraciones de alto al fuego unilateral, el comienzo del programa de descontaminación de los territorios de artefactos explosivos, el anuncio de la desvinculación y no reclutamiento de menores de edad, y los otros gestos unilaterales o bilaterales de carácter humanitario han sido un resultado de gran valor del proceso de paz, que esperamos fructifiquen pronto en el cese bilateral y definitivo de fuego y de hostilidades.   De nuevo aceptamos el llamado de la Delegación de Paz de la guerrilla a realizar la veeduría del alto al fuego unilateral, esta vez en conjunto con iglesias y las Constituyentes por la Paz; hecho que consideramos relevante no solo para las tareas encargadas, sino para la posibilidad de fortalecer los lazos con otros sectores de la sociedad colombiana comprometidos con la transformación efectiva de nuestro país. Exigimos al Gobierno las garantías necesarias para ejercer esta labor. Saludamos el acuerdo sobre pedir la participación de un representante del Secretario General de Naciones Unidad y otro de la Presidencia de UNASUR para las tareas de verificación.

Creemos firmemente que es hoy el momento de orientar el proceso de paz por el camino irreversible del desescalamiento del conflicto armado, del cese bilateral definitivo al fuego y a las hostilidades, y de los acuerdos que pongan la base de la paz estable, democrática y duradera.   Creemos que llegó el momento de pactar un acuerdo con un concepto amplio de justicia, que tenga en su base la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También llegó el momento de desistir del ultimátum como método de negociación, de las advertencias de pararse de la Mesa de Conversaciones, de desescalar el lenguaje belicista predicando con el ejemplo propio.   Esperamos que esta vez el desescalamiento se materialice en acciones recíprocas por parte del Estado y de las Fuerzas Militares conforme al acuerdo dado a conocer recientemente por las partes, y anunciamos que en esta ocasión también haremos veeduría social y ciudadana a los compromisos que ha adquirido el Gobierno en esta materia.   Queremos advertir nuestra preocupación por la persistencia, o nueva presencia, del paramilitarismo en extensas zonas del país, la continuidad de los nexos con los agentes del Estado, la presencia de los representantes de la parapolítica y sus herederos en las próximas elecciones.   Nos preocupa que se esté preparando una nueva fase del desarrollo de este fenómeno como estrategia paramilitar para poner en peligro el escenario posterior a la firma de los acuerdos. Por eso otorgamos gran importancia a la creación de una comisión para la no repetición del paramilitarismo como parte de los acuerdos de La Habana. De igual forma, rechazamos la nueva ola de capturas, investigaciones e imputaciones a reconocidos líderes sociales y defensores de derechos humanos, el uso de la fuerza contra la protesta social, la persecución contra los miembros del Congreso de los Pueblos y de Marcha Patriótica. Sobre estos dos aspectos anunciamos que elaboraremos en el próximo mes un informe de nuestra veeduría.   El movimiento social en Colombia de iniciativas por la paz alcanza gran articulación y confluencia. Por ejemplo, las plataformas de organizaciones reunidas en Clamor Social por la Paz; los procesos rurales y populares convocados en la Cumbre Agraria; sectores del sindicalismo como la CUT y la USO, avanzando en el proceso de construcción de un espacio multilateral por la paz. En este escenario hemos construido una nutrida agenda común; la asamblea de trabajadores por la paz, las cumbres regionales y nacionales por la paz, las constituyentes nacionales por la paz, todas estas apuestas buscan confluir en diciembre en un encuentro en el que el objetivo es construir el movimiento social por la paz.

Estamos convocando a otros sectores del espectro social, político y religioso a reunirnos en el Encuentro Nacional de Paz los próximos 22 y 23 de julio para potenciar esta agenda, para proteger la negociación de La Habana e iniciar urgentemente el diálogo con las otras insurgencias.   Hacemos un llamado urgente a toda la sociedad colombiana a avivar su sentimiento por la paz, creer que es posible construir juntos un país en armonía y esperanza para las presentes y futuras generaciones, sumarse a los millones de veedores y veedoras que creemos en la paz; así como reiteramos nuestro llamado a los medios de comunicación a promover la construcción de nuevos imaginarios de reconciliación y esperanza que encaminen el sentir de los colombianos y colombianas a apostar por el fin de la guerra en todos los territorios.   También reiteramos nuestro llamado al Gobierno Nacional y al ELN a iniciar con prontitud la fase pública del proceso de conversaciones y la creación de la mesa de diálogos entre  ambas partes.   La paz con justicia social que soñamos y que vamos a materializar debe ser integral, duradera y democrática.

FRENTE AMPLIO POR LA PAZ / REPRESENTANTES DE IGLESIAS

COLOMBIA: POR CORRUPCIÓN EN EL METRO, RUEDAN CABEZAS DE ALTOS FUNCIONARIOS, PERO FALTAN MÁS (SEGUNDA PARTE)

G1

 Las denuncias que el Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana, ha presentado con pruebas fehacientes y en la mano, que no han podido ser desmentidas por los funcionarios comprometidos en estos censurables hechos, ya ha provocado la caída precipitada del Doctor RAMIRO MÁRQUEZ RAMÍREZ, Gerente General del Metro de Medellín, y la salida por la puerta de atrás de la todo poderosa Secretaria General del Metro, Doctora Luz Marina Correa Aristizabal.

 En efecto, la funcionaria Luz Marina Correa Aristizabal, en medio de los escándalos de corrupción y de desviación de poder en los que se encuentra envuelta, abandonó su cargo desde hace dos meses. En un principio se dijo que había salido a un periodo de vacaciones, de las que nunca regresó a ocupar, otra vez, la Secretaría General del Metro. Dicen las malas lenguas que mandó a sacar sus pertenencias, y que no ha ido a despedirse de sus compañeros.

 Contra la doctora Luz Marina Correa Aristizabal, se han presentado ante las distintas autoridades, varias solicitudes de investigación por su estrecha relación con directivos de la empresa supuestamente comprometida en la falsificación de las tarjetas y otros repuestos para el Metro de Medellín. De igual manera, la Contraloría General de Medellín, le adelanta un proceso de responsabilidad fiscal, por no emprender una acción de repetición contra el Doctor Ramiro Márquez Ramírez, anterior Gerente del Metro de Medellín, por el daño patrimonial ocasionado a la empresa con la destitución sin justa causa de la Doctora Luz Elena Montoya Díaz, a la que le tienen que pagar mil quinientos treinta y ocho millones de pesos. Por un caso similar, pero por una cuantía mucho menor, la Gobernación de Antioquia, emprendió una acción de repetición contra el hoy ex-presidente de los colombianos, Doctor Álvaro Uribe Vélez.

 La Contraloría General de Medellín tramitó en contra de la Doctora Luz Marina Correa Aristizabal, un proceso de responsabilidad fiscal como integrante del Comité de Conciliación, el cual recomendó no emprender una acción de repetición, por el daño patrimonial que el Doctor RAMIRO MÁRQUEZ RAMÍREZ, en su momento, Gerente General del Metro de Medellín, le ocasionó a dicha entidad con el despido de la Doctora LUZ ELENA MONTOYA DÍAZ.

 El Metro de Medellín, también fue sancionado por el Área Metropolitana, y obligado a pagar una multa de 92 millones de pesos, por desviar los dineros de mantenimiento y reposición de equipos, para asuntos y fines completamente distintos.

 Los ciudadanos de Medellín, hasta ahora se están dando cuenta de la magnitud del desgreño administrativo y de la monstruosidad de los actos de corrupción que se presentaron en el Metro en la era MÁRQUEZ RAMÍREZ, habida cuenta que todos estos vergonzosos hechos, se taparon con la idea que se le vende a la comunidad de que estamos frente a la empresa más bien manejada y eficiente del país. El otro escudo protector que han encontrado los ineficientes y corruptos funcionarios, es la de silenciar cualquier crítica, con el argumento de que no se puede dañar la imagen de la empresa.

En esta segunda parte del avance que estamos entregando a la ciudad de la veeduría que le hemos hecho al Metro, vamos a develar un secreto que han tenido muy bien guardado, y que compromete no solo a los funcionarios del Metro de Medellín, sino a la Junta Directiva, al Gobernador de Antioquia, al Alcalde de Medellín, a la Asamblea Departamental de Antioquia, al Concejo de Medellín y las contralorías. ¡Que no se hayan dado cuenta del daño patrimonial que se le ocasionó al Metro, al desistir del proyecto de la fibra óptica y de su explotación comercial, es imperdonable!

 

En el Despacho del Señor Gobernador SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, reposa toda la documentación que contiene las denuncias de los actos de corrupción que se han presentado en el Metro, bajo el radicado: R 201200035209. Sin embargo el acucioso mandatario y perseguidor implacable de los corruptos invisibles, ha guardado completo silencio. Lo que deja en clara evidencia a los llamados impolutos, es que cuando se trata de funcionarios pertenecientes a las castas dominantes, del Presidente y del Procurador para abajo, se hacen los de la vista gorda.

 Entre los años 1997 y 1998, el Metro de Medellín adquirió 120 kilómetros de cable de fibra óptica y los instaló en toda su infraestructura, para conformar tres grandes redes de fibra óptica oscura, con una cobertura de toda el área metropolitana. Contando con los estudios de viabilidad y cumplidas todas las formalidades, en el año 2001 fue constituida la sociedad OPTIMET LIDA., teniendo como socios al Metro de Medellín Ltda. y la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia Ltda. (IEBTA), para realizar la explotación comercial de esta tecnología. Los estudios señalaban que la nueva sociedad podría tener una utilidad aproximada de $ 1.5 billones en los primeros siete años, de las cuales el 49%, alrededor de $ 736.000 millones, cerca de USD 380 millones, le corresponderían al Metro de Medellín Ltda.

 El Metro de Medellín, no solo perdió plata, sino que dejó de percibir el 49% de las utilidades, que en principio estaban estimadas en un valor acumulado aproximado de $ 1.501.748. 841.680, durante los primeros siete años de operación de OPTIMET LTDA, lo que equivaldría entonces a un monto aproximado de 736 mil millones de pesos. Los estudios no hacen referencia a las utilidades, después del séptimo año de operación.

 No existe ningún argumento de peso que justifique o desvirtúe los resultados de los estudios que se realizaron y condujeron a la constitución de OPTIMET LTDA. El condecorado ex-funcionario, Ramiro Márquez Ramírez, en el año 2001, inició, inexplicablemente, las gestiones que condujeron finalmente a la disolución y liquidación de dicha sociedad a través de las escrituras públicas No. 426 del 6 de febrero de 2002 y No. 1533 del 17 de abril de 2002 de la Notaría 29 de Medellín.

 En el proceso de investigación que adelantamos sobre los antecedentes del proyecto de fibra óptica, no encontramos ningún argumento válido que justificara la cuestionable decisión del Doctor Ramiro Márquez de disolver la sociedad Optimet Ltda. Surge aquí la siguiente pregunta ¿Quién se benefició con la decisión de disolver a Optimet Ltda.?

 Al tiempo de haber sido liquidada la sociedad Optimet Ltda., el Metro de Medellín tuvo que emprender un programa de inversiones para dotar de equipos a una de las tres redes de fibra óptica instaladas, denominada “Red T”, en la cual se empleó una cantidad aproximada de 30 kilómetros de cable de fibra óptica, para poder atender sus necesidades internas de telecomunicaciones. Lo preocupante de este asunto, es que las otras dos redes de fibra óptica, se quedaron sin utilización alguna. Pero lo más crítico y rechazable de todo esto es que nadie ha hecho ni dicho nada. Sólo nuestra auditoría ha comenzado con los pronunciamientos que, más temprano que tarde, tendrán sus resultados.

 Fraternalmente,

 GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                             

Presidente

Movimiento Cívico de Medellín

Y El Área Metropolitana